Opinión: Un intento por sacar a Honduras del olvido
OPINIÓN.
Por Verenice Bengtsson y Mariana Rodríguez Pareja*
Los golpes de estado en Latinoamérica se han caraterizado por la impunidad no sólo para los responsables directos de la usurpación del poder sino también para los responsables de las violaciones a derechos humanos que se cometieron durante y después de la toma del poder por la fuerza. Es además evidente que Latinoamérica se caracteriza por tener una memoria frágil que junto a la impunidad condena a repetir los graves errores del pasado. Recientemente en junio de 2012, nos escandalizamos con lo sucedido – y con razón- por lo acontecido en Paraguay, pero nos olvidamos que tan solo 3 años antes, en junio de 2009 otro país de la región –Honduras- sufrió un golpe de Estado, que se caracterizó por el uso excesivo de fuerza policial y militar para reprimir la protesta ciudadana. Durante el golpe y en los meses que le sucedieron, fueron cometidos hechos terribles y crímenes que aún permanecen impunes. La impunidad ha dado como resultado que, actualmente la situación de violencia que Honduras enfrenta, coloca a este país como el más violento del mundo con una tasa de homicidios de 86 por cada 100,000 habitantes y es el segundo país más peligroso para periodistas según el International Press Institute.
Definido por el Banco Mundial como un país de ingreso mediano bajo, Honduras tiene una población de aproximadamente 8 millones de habitantes. Es considerado un país multi-étnico, multicultural y multilingüe. El presidente actual es Porfirio Lobo Sosa quien resultó ganador en unas elecciones fuertemente cuestionadas por haberse celebrado durante el mandato del gobierno de facto que usurpó el poder durante el golpe de Estado.
Es un país rico en recursos naturales y humanos, pero cifras escalofriantes demandan que volvamos los ojos hacia lo que ahí está ocurriendo. En los primeros días de octubre de 2012, la Comisión de Verdad en Honduras, dio a conocer su informe “La voz más autorizada es la de las víctimas”. En éste revela que en el período comprendido a partir del golpe de estado del 2009 y hasta el 2011 los comisionados recibieron 4,754 denuncias por violaciones a derechos humanos. Estas incluyen vulneraciones graves como torturas, detenciones ilegales, desapariciones temporales y permanentes, asesinatos, violaciones sexuales y otras que comprometen el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, al derecho de reunión y asociación etc. Lo que más preocupa es que la Comisión advierte que: “la crisis al interior de la sociedad hondureña no ha concluido aún, viviéndose en este momento una fase más del conflicto social y político que aunque relativamente invisibilizado en las agendas tanto regional como latinoamericana, tiende a agudizarse”. El golpe de estado significa el mayor retroceso para el respeto y garantía de libertades fundamentales y lo que es peor es que la situación se agrava entre la indiferencia y el espiral de la violencia.
En el informe de 2012 “Situación de maras y pandillas en Honduras” UNICEF revela que actualmente más de 4.700 niñas, niños y jóvenes pertenecen a alguna mara o pandilla. Según UNICEF 447 de estos, están privados de libertad. El 60% de miembros de maras viven en San Pedro Sula -ciudad industrial al norte del país- y un 21% en la capital: Tegucigalpa. En el informe mensual de junio de 2012, Casa Alianza Honduras indica que durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa se han producido ejecuciones extrajudiciales de 2306 niñas, niños y jóvenes. Esta cantidad de ejecuciones es la más alta que Casa Alianza registra desde 1998.
Las mujeres también continúan presentándose como un sector altamente vulnerable frente a la escalada de violencia. Según el observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres en Honduras, 225 mujeres han sido asesinadas de forma violenta en el primer semestre del 2012. En dichos casos solo 36 agresores fueron identificados (al menos por los medios de comunicación) mientras en la mayoría de esos femicidios, los victimarios siguen siendo desconocidos.
La situación de violencia que sufren periodistas, abogados defensores de derechos humanos, miembros de la comunidad homosexual y activistas políticos es extrema.
La Comisión indica que a agosto de 2011, 18 comunicadores fueron asesinados. Uno de esos casos que más ha causado conmoción es el de Erick Alexander Martínez Ávila, miembro fundador y activista del Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR). Erick había sido seleccionado con la pre-candidatura para diputado, en representación de la diversidad sexual, por parte de la corriente Fuerza de Refundación Popular (FRP) del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Su caso es triplemente significativo puesto que con su asesinato se atacó a los comunicadores, a los grupos de diversidad sexual y a la oposición política que se aglutina en el Partido LIBRE, creado a partir del frente de resistencia que se formó en el 2009 contra el golpe de estado.
El segundo caso que demanda atención urgente es el reciente asesinato de Antonio Trejo Cabrera cometido a fines de septiembre de 2012. Trejo fue ejecutado cuando salía de una iglesia en Tegucigalpa. Él ya había sido amenazado en varias oportunidades, pues era el abogado de un grupo de campesinos del Valle del Bajo Aguán, el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA). Este asesinato, tal como informa Human Rights Watch (HRW) es lamentable por varias razones, pero fundamentalmente porque en los últimos tres años más de 80 personas han sido asesinadas en esa región. Unas semanas antes de su asesinato, Trejo había sido procesado por el delito de manifestación ilícita junto a 24 campesinos más, por realizar una protesta frente a la Corte Suprema de Justicia. Dicha protesta fue catalogada por las autoridades policiales como violenta.
Nuestra intención al escribir es llamar la atención sobre la situación que vive este país centroamericano.
Es claro que la violencia y la impunidad institucionalizada están relacionadas con la falta de independencia del Poder Judicial, que incluye amenazas, remoción de magistrados y negación de hechos de violencia desde el más alto tribunal de justicia del país. Sobre todo tiene una relación con la indiferencia a la que Honduras está siendo sometida por los demás estados a nivel regional. Ante esa situación, nosotras consideramos que la ciudadanía continental puede jugar un rol fundamental para que Honduras deje de ser invisible.
21/Octubre/2012.
*Verenice estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Derechos Humanos en la Universidad de Lund (Suecia). Es Magister en Estudios Políticos Globales con especialización en Derechos Humanos por la Universidad de Malmö (Suecia).Columnista de Asuntos del Sur (ADS) @verenicebengt
*Mariana es Abogada de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), especialista en Justicia Internacional, periodista y Blogger para diversos medios, actualmente se desempeña como Coordinadora del Área de Derechos Humanos de Asuntos del Sur (ADS) @maritaerrepe.
Información adicional que puede ser de interés para el lector:
Casa Alianza Honduras: http://casa-alianza.org.hn/images/documentos/Observatorio/obserjun12.pdf
Comisión de Verdad, http://defensoresenlinea.com/cms/documentos/Informe_comision_de_verdad.pdf
UNICEF
http://www.unicef.org/honduras/Informe_situacion_maras_pandillas_honduras.pdf
The New Factor 