Opinión: Los hechos del 1º de diciembre y la criminalización de la protesta en México

OPINIÓN.

FOTO: WEB.

Por: Isabel Erreguerena*              

El pasado 1º de diciembre se detuvieron en la ciudad de México a 69 jóvenes que protestaban sobre la toma de posesión del nuevo Presidente Peña Nieto. Cabe mencionar, que durante las manifestaciones también hubo disturbios que causaron daños en comercios. Más allá del debate político alrededor de estas detenciones quiero centrar mi análisis en la disposición legal en las que se basaron las detenciones y si estás se ajustan al derecho internacional.

Disposición legal

Los 69 detenidos están acusados de “actos que perturban la paz” de acuerdo al artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal. Este artículo establece: “Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos , que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación.” Sin embargo, está disposición no se debe ver aislada, ya que los actos se dieron cuando se estaba ejerciendo el derecho a protestar. Por lo que se entiende que el establecimiento de este delito está limitando el derecho a protestar.

Estándares internacionales

El principal instrumento de derecho internacional que regula los derechos civiles y políticos y sus limitaciones es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el “Pacto”) del que México es parte desde 1981. El artículo 21 de dicho instrumento reconoce el derecho a la reunión. También señala que se pueden establecer limitaciones a este derecho sólo si estas: 1) están previstas por la ley y, 2) sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, órgano encargado de la interpretación del Pacto, estableció los requisitos para la limitación de derecho en su Observación General 31. El Comité señalo que en caso de restricciones de derechos además de mostrar la necesidad de las medidas,  los Estados sólo podrán tomar medidas 1) que guarden proporción con el logro de objetivos legítimos a fin de garantizar una protección permanente y efectiva de los derechos reconocidos en el Pacto y 2) que dichas limitaciones no deben menoscabar el  elemento esencial de un derecho reconocido en el Pacto.

Aplicación de los estándares internacionales a disposición legal de la Ciudad de México

Ahora bien, analizaremos si el artículo 362 del Código del Distrito Federal cumple con los estándares expuestos. El primer requisito que establece que la limitación debe estar prevista por ley sí se cumple. Asimismo, se podría decir que es necesaria para mantener el orden público.

Sin embargo, dicha disposición no parecería que cumple con el elemento de proporcionalidad. Imponer de 5 a 30 años de prisión no parecería que es una respuesta de una dimensión adecuada para sancionar el derechos a protestar.. Asimismo, al establecer reglas tan vagas en las que no se define qué quiere decir perturbar la paz, menoscaba el elemento esencial de la protesta, ya que un sinnúmero de situaciones se podrían argumentar caen en esta categoría y con esto el derecho nunca se podría ejercer.

Por último, me gustaría mencionar que incluir dicha violación dentro del Código Penal va en contra de la naturaleza del derecho penal, que debe de ser usado como el último recurso. La lógica detrás de esto es que las sanciones de esta rama del derecho atentan contra uno de los derechos más preciados para el hombre que es su libertad por lo que debe de ser usado cuándo las sanciones de otras ramas del derecho no son suficientes.

En conclusión, el artículo 362 del Código Penal de la Ciudad de México constituye una criminalización de la protesta en México. Esto va en contra de los estándares internacionales prescritos por el gobierno de México y aceptados por la comunidad internacional.

 

*Isabel Erreguerena es portadora de la Beca del Fondo de Alumnos del Programa en Estudios de Derecho Internacional en Washington College of Law, American University donde actualmente estudia la maestría en Derecho Internacional. También ha colaborado en proyectos de investigación relacionados con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México y trabajó en el área legal de la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas en Nueva York. Correo electrónico: isaerre@gmail.com. Twitter: @isaerre

06/Diciembre/2012.

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